La Constitución Civil del Clero fue una severa acción legislativa iniciada por el gobierno revolucionario francés que pretendía subordinar a la Iglesia Católica al nuevo orden social y político. Recreaba el carácter diocesano y monástico de la Iglesia católica en Francia y redujo drásticamente la influencia papal.
Debido a que la Iglesia Católica en Francia fue considerada por los revolucionarios como uno de los principales agentes del antiguo orden, fue un objetivo tanto ideológico como práctico de reforma, si no de desmantelamiento. El número de obispos activos en Francia se redujo de 137 a 83, con nuevos obispos y sacerdotes seleccionados por los electores locales, estos últimos ya habían jurado lealtad a la nueva constitución. Quizás contraintuitivamente, no había ningún requisito de que tales electores fueran católicos, creando condiciones por las cuales los sacerdotes católicos locales podrían ser elegidos por personas fuera de sus congregaciones, como protestantes o judíos. Luego de la elección, a estos obispos y sacerdotes también se les exigió jurar lealtad al estado, en lugar del papado, como era el protocolo. El estado francés a su vez, en lugar de Roma, pagaría posteriormente los salarios del clero. El Papa se reservó solo el derecho a ser informado de los resultados de las elecciones. Además, la Constitución Civil del Clero destruyó todas las órdenes monásticas que aún residían en Francia en ese momento, lo que esencialmente las legislaba fuera de existencia. Además, debido a que el pensamiento social revolucionario equiparaba el matrimonio con la lealtad al estado, la práctica prolongada del celibato clerical fue refundida implícitamente como protesta, si no traición, contra el nuevo régimen. Finalmente, esta legislación puso fin a la práctica de pasar las oficinas de la iglesia a herederos hereditarios, una práctica que con frecuencia había sido explotada con impunidad por familias nobles antes de la revolución.