La Ley Nacional de Recuperación Industrial permitió al presidente de los Estados Unidos en ese momento, Franklin D. Roosevelt, regular la industria en un intento por aliviar los efectos financieros de la Gran Depresión y estimular el crecimiento económico. Su propósito secundario fue el establecimiento de la Administración de Obras Públicas de los Estados Unidos.
Promulgada en 1933, la Ley Nacional de Recuperación Industrial expiró en 1935. Sin embargo, antes de su expiración, la ley fue declarada inconstitucional y fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Muchos historiadores consideran hoy que la Ley Nacional de Recuperación Industrial es un fracaso de la política debido a la forma en que apoyó a los monopolios comerciales dañinos y no brindó apoyo ni método para manejar la inquietud laboral.
