El caso Estados Unidos v. Nixon fue un caso judicial histórico porque estableció firmemente que el presidente de los Estados Unidos no podía usar el privilegio ejecutivo como una defensa absoluta contra la investigación judicial. El caso ocurrió durante el escándalo de Watergate, y después de que se citaron varias cintas, Nixon afirmó que la disputa estaba enteramente dentro del poder ejecutivo. La Corte Suprema no estuvo de acuerdo y Nixon renunció unas semanas después.
La división del poder en el gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido un tema polémico, ya que los poderes judicial, legislativo y ejecutivo a menudo están en desacuerdo sobre los límites de sus poderes particulares. Un ejemplo temprano de este desacuerdo ocurrió en 1796 cuando la Cámara de Representantes exigió documentos relacionados con el Tratado de Jay que el Senado firmó con Gran Bretaña. El presidente Washington se negó a entregar esos documentos, argumentando que el poder de hacer tratados recaía exclusivamente en el Senado, y la Cámara de Representantes no tenía derecho a la información solicitada.
Nixon intentó un argumento similar al reclamar su propio privilegio ejecutivo. Las grabaciones solicitadas contenían detalles relevantes para los procesos judiciales en el escándalo de Watergate, pero el presidente argumentó que la información no era vital para los casos de los acusados y que tenía el privilegio de proteger las comunicaciones internas de la Casa Blanca. El Tribunal dictaminó que aceptar este privilegio equivaldría a una inmunidad general contra la revisión judicial y el procesamiento, y dictaminó contra Nixon por unanimidad.
