La protección de la Antártida, sus océanos circundantes y su biodiversidad requieren esfuerzos concertados para minimizar el impacto humano a nivel global. Los esfuerzos incluyen minimizar el número de turistas, regular de cerca las actividades comerciales en la región, abordar el cuestión del cambio climático mundial y el establecimiento de santuarios, normas y sistemas de supervisión reconocidos internacionalmente.
La Coalición Antártica y del Océano Austral aboga por estándares de protección ambiental más estrictos en la región, supervisa las actividades en el área para asegurarse de que ocurran con un daño mínimo al ecosistema frágil y busca establecer formas de hacer cumplir las políticas de conservación y conservación. La organización busca regular el turismo y extender el alcance del Protocolo Antártico-Ambiental.
Según el British Antarctic Survey, un componente del Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural, el Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico intenta lograr la protección integral del Medio Ambiente Antártico. El Protocolo Antártico-Ambiental prohíbe específicamente toda actividad comercial de recursos minerales, requiere la conservación de la fauna y la flora, establece normas para el manejo de desechos, exige que se realicen evaluaciones de impacto ambiental antes del inicio de cualquier actividad y designa áreas protegidas ambientalmente.
El Tratado Antártico, vigente desde 1961, ha sido firmado por 46 países diferentes, de los cuales 28 realizan actividades de investigación científica importantes en la Antártida. Este tratado, más tres acuerdos internacionales adicionales, gobiernan las actividades en la Antártida.