De acuerdo con la Enciclopedia Británica, la revolución del debido proceso afectó la actuación policial al cambiar la forma en que los agentes de policía cumplían con sus tareas diarias. Además, debido a que las nuevas pautas requerían un mayor grado de profesionalismo, los departamentos de policía elevaron sus estándares de reclutamiento, renovaron los programas de capacitación e iniciaron nuevos procedimientos para detener e interrogar a los sospechosos.
La revolución del debido proceso se produjo a raíz de varias decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los años sesenta. El primero de ellos, en 1961, estipulaba que las pruebas obtenidas mediante registros ilegales e incautaciones no podían utilizarse en los tribunales. En 1964, la Corte Suprema determinó que si a un sospechoso no se le proporcionaba un abogado a solicitud, sus declaraciones durante el juicio eran inadmisibles como prueba. En 1966, la Corte Suprema dictaminó que, antes del interrogatorio, la policía debe informar a un sospechoso de su derecho a permanecer callado y tener un abogado presente. Esto obligó a la policía a citar lo que se conoció como "los derechos de Miranda" a un sospechoso en el momento de su arresto.
El principio del debido proceso se menciona dos veces en la Constitución de los Estados Unidos, una vez en la quinta enmienda y otra vez en la decimocuarta. En ambos lugares, utiliza el mismo lenguaje, para que nadie sea "privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal". El primer uso es en referencia al gobierno federal, y el segundo en referencia a los gobiernos estatales.
